Un diálogo tripartito ampliado apunta a la reducción de brechas laborales en el Ecuador

El evento reunió en Quito a todos los actores que forman parte del mercado laboral y que brindaron sus aportes para la reducción de brechas laborales en género, edad, territorio y habilidades en el país.

“Queremos lograr un compromiso entre empleadores, trabajadores, estudiantes, la academia, gremios y organismos internacionales para mejorar las condiciones de empleabilidad en el país”, así lo afirmó María Paz Jervis, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (FNCIE) en el evento de construcción de la Agenda de Empleabilidad, como motor de la competitividad.

Este evento, realizado el 14 de septiembre de 2023 en Quito, reunió a todos los actores que forman parte del mercado laboral y que brindaron sus aportes para la reducción de brechas laborales en género, edad, territorio y habilidades en el país.

El contexto laboral del Ecuador evidencia cifras preocupantes y que fueron reveladas por la FNCIE:

  • 1 de cada 2 mujeres puede participar en el mercado laboral.
  • En los jóvenes la tasa de desempleo duplica el promedio nacional y el nivel de adaptación de sus habilidades técnicas no sobrepasa el 10% de lo requerido en el mundo laboral.
  • Las desigualdades se agrandan y las brechas se profundizan en la ruralidad, la brecha salarial entre el sector rural y urbano es del 150%.

Estas brechas ralentizan el desarrollo económico del país por lo que Mauricio Dierckxsens, especialista de Empleo de la Oficina de Andina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó la importancia de la participación de todos los sectores y sobre todo del sector privado como piedra angular para la construcción de la una agenda de empleabilidad. “Es trascendental vincular estas propuestas a los marcos nacionales de competencias de acuerdo con las necesidades sectoriales”.

Por ello, la FNCIE juntó en esta ocasión a representantes de los trabajadores, estudiantes y académicos para entender sus necesidades y posturas. Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) indicó que, en Ecuador, tras la pandemia de la COVID -19 se perdieron más de 600.000 plazas de empleo, lo que ha profundizado las brechas. Manifestó que desde su organización están de acuerdo con reformas como el trabajo por horas, la modificación de la jornada de 40 horas a la semana e impulsar nuevas modalidades de contratos. “Todo esto con la premisa de ganar – ganar entre empleadores y trabajadores”, dijo.

Por el lado de los jóvenes, en el encuentro estuvo presente Santiago Quezada, líder estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Él manifestó que este grupo poblacional siempre es el más afectado en términos de empleo. Está consciente de la desconexión entre la academia y la empresa por lo que desde su liderazgo está creando iniciativas para desarrollar las habilidades que las empresas necesitan. Agregó que “hay que plantear serias reformas al Código de Trabajo para que incluya el uso de tecnología, la inteligencia artificial, el teletrabajo”.

Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), explicó que se busca plantear una agenda transversal que contemple la creación de nuevas modalidades de economía colaborativa en función de las nuevas formas de producción, siempre precautelando los derechos. Las acciones presentadas buscan mejorar la calidad del empleo, aumentar la participación laboral e incrementar la formalidad. Estas propuestas fueron debatidas también por John de Mora, subsecretario de Cualificaciones del Ministerio de Trabajo; Luis Vaca, director de Inteligencia académica de la Universidad de Las Américas; y Lenin Parreño, Ejecutivo Senior de la CAF – Banco de Desarrollo para América Latina en Ecuador.

 

Presentación completa de las propuestas aquí: https://bit.ly/48d2dPZ

Finalmente, la mejora de las condiciones de empleabilidad del Ecuador no es ajena a la institucionalidad del país. María Paz Jervis aprovechó el espacio para hacer un llamado de atención a las autoridades que están al frente de las distintas instituciones y funciones del Estado para que garanticen sus actuaciones de manera ética y transparente, eliminando el abuso de procesos, la corrupción y la impunidad. Destacó que "los ciudadanos nos sentimos profundamente consternados por la desarticulación generalizada del Estado y su alejamiento de las preocupaciones ciudadanas".

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